El estado de salud del asalariado pertenece al ámbito privado. Como tal, el empresario no puede exigir que le proporcione información sobre su estado de salud, ya sea en el momento de la contratación (el artículo L 1221-6 del código de trabajo especifica que las informaciones solicitadas a un candidato sólo pueden tener como finalidad valorar su capacidad para ocupar el empleo propuesto y tienen que tener una relación directa y necesaria con este trabajo) o durante la ejecución del contrato de trabajo.
Las personas conocedoras de la salud del empleado debido a sus funciones, tales como los médicos, están obligados a guardar el secreto profesional. La evaluación del médico sobre la idoneidad de un empleado para ocupar su puesto de trabajo recae sobre la exclusiva competencia del médico laboral. Éste podrá decir al empleador si el trabajador es apto o no para ocupar el empleo pero no podrá exponer los motivos y explicar su decisión (a riesgo de exponerse a una pena de un año de cárcel y de 15.000 euros de multa por violación del secreto médico según el artículo 226-13 del Código Penal).
Pero el empresario no debe permanecer indiferente ante el estado de salud de su asalariado. En primer lugar, porque tiene la obligación de adaptar el trabajo a la persona, y después, porque tiene una obligación general de seguridad: podrá, de forma particular, aplicar medidas de control bajo condiciones estrictas (por ejemplo, controles de alcoholemia).
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