Después de 1982, la duración de las vacaciones es de cinco semanas. La organización material de estas vacaciones intenta conciliar la prerrogativa patronal de organización del trabajo con el derecho al descanso del asalariado.
El empresario debe establecer un sistema de vacaciones determinado, bien sea por el convenio colectivo aplicable o bien unilateralmente, previa consulta con los delegados del personal y/o del comité de empresa. A menos que la empresa no cierre durante las vacaciones, pertenece al empresario fijar el orden de salidas, previa consulta con el personal o sus delegados, teniendo en cuenta la situación de familia de los beneficiarios y de la duración de sus servicios en la empresa.
Si el trabajador no puede decidir sus días de vacaciones, debe tener por lo menos doce días consecutivos de vacaciones y un máximo de 24 días durante el periodo legal (desde el 1 de mayo al 31 de octubre) o el periodo de substitución (periodo legal modificado por un convenio colectivo). La 5ª semana o las otras vacaciones suplementarias, por ejemplo aquellas que compensando la reducción del tiempo de trabajo, deben tomarse fuera de este período.
El asalariado no puede aplazar las vacaciones al año siguiente o pedir al empresario de pagárselas bajo la forma de indemnización. Por consiguiente, el trabajador que no ha hecho todos sus días de vacaciones durante el periodo correspondiente las pierde, a menos que sea el empresario que ha impedido que las hiciera.
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